Por Lic. Miguel Cortez.-
Dentro de unos meses habrá cambio de servidores públicos de elección popular en el Estado de Guanajuato. Saldrá cerca de un millar de personas y ocuparán su lugar los que resultaron electos en el pasado proceso electoral.
Ello significa la erogación de varios cientos de millones de pesos en el ilegítimo pago de compensaciones por el término del encargo. Desde luego que ese dinero sale del bolsillo de los contribuyentes.
La cantidad que se le otorga a cada una de las personas que terminan su periodo es ilegítima, porque los servidores públicos de elección popular carecen del derecho a recibir cantidad alguna.
Esas personas no son trabajadores ni empleados, sino representantes populares. En consecuencia, las percepciones que reciben durante su desempeño no pueden ser consideradas como un sueldo, sino como una compensación por el tiempo que le dedican a la representación popular que ostentan.
Por desgracia, es práctica general el disponer a su arbitrio del dinero público para el otorgamiento de esos bonos de marcha.
Cualquiera que sea la denominación que se le otorgue, carece de sustento ético y constitucional. Por eso se afirma que es ilegítimo.
La cantidad que en forma global se llevan, es altamente significativa frente a las inmensas necesidades que sufre la población.
También por desgracia, todos los partidos políticos avalan el latrocinio.
Nos queda a los ciudadanos ejercer los mecanismos de control para tratar de parar ese saqueo a las arcas públicas.